Política

Para que no me pillara en caliente, he dejado pasar algo de tiempo antes de opinar sobre el Megaacuerdo de Microsoft con nuestro Ministerio de educación. Dedico este post especialmente a la letra M:

Mentiras:

• Se ha difundido en la prensa que el software va a costar 8 euros, lo que es falso de todas todas. La licencia es anual (con 1000 alumnos en un instituto son 8.000 euros /año). No incluyen el precio de una herramienta para control de aula ni un antivirus, filtro de control parental o aplicación educativa alguna.
• También se ha dicho que la rebaja es del 90%. Pero si las matemáticas no me fallan, eso tampoco es verdad.
• Si en los centros educativos se va a poner algún servidor, o alguien con dos dedos de frente ha pensado en sistemas de gestión para un parque de centenares de miles de portátiles, que se prepare también a pagar lo que no está escrito en licencias de servidores y herramientas de gestión de red.
• Algún miembros destacados de MS dice que el arranque dual facilita la libertad de los alumnos (entre otras lindezas), lo que es Mentira, o ¿es que en un aula van a poder arrancar los niños que quieran con Linux y otros con el sistema privativo?. Van a usar lo que les diga su profesor, evitando que los niños conozcan otra cosa que la que conoce el adulto, coartando realmente la libertad del alumno. Y el 99% de los adultos de España sólo conocen un sistema operativo, con lo que será lo que inculquen a los futuros usuarios. Se me ocurren otros negocios en los que también intentar enganchar a los niños lo antes posible.
• ¿Qué hace nuestro ministerio de educación prestándose a suministrar esa pedazo de publicidad de forma tan escandalosa y burda a una empresa extranjera? Ya querría cualquier otra empresa de software la décima parte del pastel publicitario que se han comido gratis estos señores a costa de nuestros dirigentes. Me gustaría que algunos de los paladines del software libre en España levantara la voz, aunque sea su partido el que mete la pata, ha metido la pata.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red, en España ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Se ha publicado en multitud de sitios web. Si estás de acuerdo y quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.